Un cubano a punto de tomar un avión para retornar al archipiélago parece ir de mudanza más que de visita.
Su abultado equipaje, compuesto por grandes pacas de ropa, electrodomésticos y hasta bicicletas eléctricas los convierte en usuarios “diferentes” en la mayoría de las terminales aéreas del mundo, y a los aeropuertos cubanos en estaciones de control de presumible contrabando.
A pesar de la modificación en 2012 de un elevado número de prohibiciones, todavía subsisten regulaciones para algunos productos (como los hornos y las cocinas con resistencias) y límites en las cantidades de artículos permitidos, que implican la confiscación del bien por los representantes de la Aduana si el viajero intenta introducirlo.
Son los polémicos “decomisos”, una práctica que genera incomodidades entre quienes muchas veces solo procuran facilitar las condiciones de vida de sus familiares en Cuba, y que sobre todo critican la poca claridad con el destino final de lo incautado.
“Ahí le dejé una freidora de regalo a los aduaneros”, ironizaba en tono agrio el cubanoamericano Jorge Fernández, luego de salir del chequeo en la terminal aérea donde le dijeron que no podían entrarla al país.
Como él otros muchos imaginan una supuesta repartición del “botín” entre los inspectores luego de cada vuelo, pero parece no ser tal el camino que recorren los productos confiscados.
Ejecutores sin beneficios
“Para nosotros es un problema decomisar o retener mercancías”, afirma enfática la asesora jurídica de la Aduana General de la República en la central provincia de Cienfuegos, Mariela Ruiz González, quien defiende que su institución no recibe ningún beneficio por aplicar las disposiciones que deciden otros organismos estatales.
“Hacemos cumplir la ley y destinamos hacia otros los productos incautados: medicamentos para Salud Pública, equipos de telecomunicaciones para el Ministerio de Comunicaciones, armas y municiones para las Fuerzas Armadas o el Ministerio del Interior y si se trata de electrodomésticos o misceláneas (ropa, zapatos…) los entregamos a la Empresa Mayorista del Comercio Interior”, detalla.
“Fíjese si es un problema que primero debemos enfrentarnos a la inconformidad de quien sabemos invirtió dinero o esfuerzos en conseguir el artículo y luego nos convertimos en custodios de una mercancía que debemos guardar en un cuarto de retención por 30 días, para después pasarla a un almacén de decomisos hasta entregarla finalmente a la Mayorista, sin percibir ingresos comerciales por ello”, explica.
Ese primer lapso de 30 días es una “parada intermedia” respecto al destino final de los productos.
“Para las personas que no residen permanentemente en el país la Aduana otorga la facilidad de reembarque. Eso quiere decir que en su viaje de retorno se los pueden llevar, pero deben pagarnos el servicio de custodia. Ese servicio se paga a partir del quinto día de estancia en el país, y equivale a 3.10 CUC por cada día después del quinto más el uno por ciento del valor de la mercancía”, explica Ruiz González.
“Algunos emplean la facilidad, aunque pocos”, confirma.
Según la legislación cubana, cuando la “infracción” se detecta por sobrepasar el valor de 1000 pesos de importación permitidos, la decisión sobre la mercancía que será objeto de decomiso corresponde al pasajero.
“Si algún funcionario indica qué objeto dejar está violando un derecho y el afectado puede recurrir ante nuestros supervisores en el salón, para reclamar que se lo respeten”, asegura el jefe de la Aduana en Cienfuegos, Serafín Trujillo Amor.
Pero varios testimonios confirman que en ocasiones los inspectores no aclaran esa facilidad e incluso precisan los artículos que deberán entregarse, detrás de lo cual la opinión pública aprecia prácticas corruptas.
“Una tía mía le trajo a su nieto una bicicleta que le dijeron debía entregar. Ella pidió que le quitaran otros productos, pero le dijeron que no”, comentaba en un reciente debate radial una cienfueguera molesta por este tipo de actuaciones “sospechosas” de la autoridad en frontera.
“Si al menos esa bicicleta terminara en un niño enfermo del Hospital Pediátrico, podría tragarse mejor la medida”, opinaba la oyente.
El cambio de dueño
“Los equipos electrodomésticos incautados no se comercializan. Casi todos los artículos que ha decomisado la Aduana de Cienfuegos están en nuestros almacenes”, responde la subdirectora de la Empresa Universal en el territorio, Idolidia López Pérez, mientras muestra un contenedor con cientos de cocinas eléctricas, más de 300 planchas, varios reproductores DVD, televisores, hornos microondas, tostadoras, freezers, ollas arroceras y hasta un refrigerador.
“La mayoría de estos artículos llevan aquí más de tres años y algunos hasta diez”, explica el director de la propia entidad, Ronald Vázquez. “Estos artículos forman parte de una reserva del Ministerio de Comercio Interior y solo una autorización de la ministra nos permite vendérselo a alguien”, revela.
En 2013 el permiso fue expedido para un solo artículo, destinado a una empresa del propio Ministerio, pero el hecho reafirma las preocupaciones de varios ciudadanos.
“Si el argumento empleado para decomisar los electrodomésticos es que consumen demasiada energía, no tiene justificación emplearlos luego en sitios conectados a la misma red eléctrica”, valora Luis Lanza, residente en el municipio de Cruces.
La posición de Lanza encuentra réplicas entre muchos cubanos, quienes lo hacen patente en espacios públicos como la radio y la tv, donde califican como “un cambio de dueño” o una “actitud hipócrita” semejante procedimiento de emplear por el Estado lo que trae una persona particular.
Argumentos les llegan, por ejemplo, con las “misceláneas” decomisadas, las cuales sí son vendidas en tiendas estatales. “Recibimos el decomiso como promedio seis veces en el año. Nosotros determinamos los precios en moneda nacional según una resolución de 1997 y luego dejamos en manos de la Empresa de Comercio de la provincia seleccionar el municipio hacia el cual enviaremos la mercancía”, expone la subdirectora de la Universal.
“Son muy pocas cantidades de productos, uno o dos de cada tipo, por lo que muchas veces no se percibe la venta”, argumenta López Pérez, a quien le toca calcular el valor de cintos, ropa o champú, usados en muchas ocasiones.
Al parecer la acumulación de criterios ha conseguido formar una masa crítica, pues informaciones extraoficiales mencionan con creciente frecuencia la próxima modificación de la política de importación de mercancías y señalan que con el cambio vendrá esclarecido un tratamiento diferente hacia los decomisos.
La actitud de los políticos puede reafirmar el rumor, pues, según los mayoristas cienfuegueros, la propia ministra de Comercio Interior durante una visita a su instalación en enero de este año revisó personalmente el estado y la cantidad de equipos confiscados y anunció un pronto cambio.
“Yo creo que la medida se ha demorado porque ´el país´ quiere ser consecuente”, opina la subdirectora López Pérez. “Así como a finales del año pasado se establecieron destinos mucho más claros para los decomisos policiales, me parece que lo harán pronto con los decomisos en frontera”, se atreve a vaticinar.
Muchos esperan la transformación aunque otros lamentan que el cambio suponga incluso destruir los productos confiscados, una posibilidad manejada en la información extraoficial y que suena dolorosa a los oídos de quienes solo quisieran proveer de una comodidad mayor a sus familiares y amigos.
Si la oferta interna de artículos sometidos a control aduanal resultara suficiente y accesible, tal vez el debate no existiría; pero el estado actual de Cuba implica que la ruta del decomiso es un malgasto de tiempo, satisfacción y oportunidades.
Tomado de: http://progresosemanal.us/20140226/la-ruta-del-decomiso/
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