En los últimos años la
desaceleración que ha experimentado la economía en medio de cambios
estructurales, ha preocupado a muchos cubanos. La disponibilidad de divisas
para las inversiones es una de las mayores restricciones a la que se enfrenta
una economía pequeña como la cubana. Con el propósito de crear condiciones
favorables para el capital foráneo, se aprobó la Ley de Inversión Extranjera en abril del
2014. En este nuevo escenario se pronostica recibir 2 mil millones de dólares
anuales por concepto de inversiones. De esta forma se asegura obtener un
crecimiento sostenido de un 7%. Pero a pesar de las nuevas facilidades creadas,
aun persisten un grupo de regulaciones burocráticas que dificultan la actividad
de los inversionistas.
En la actualidad existe más
de 600 empresas extranjeras con licencia para operar en Cuba, donde sus
actividades la realizan bajo las difíciles condiciones que le impone el bloqueo
norteamericano. A su vez, tienen que enfrentar un “muro de contención“ impuesto
por el gobierno cubano: el decreto Ley No.206 del Comité Ejecutivo del
Consejo de Ministro del año 1996, donde en el artículo 26 establece que a los
inversionistas extranjeros no se le autoriza la realización de las actividades
siguientes:
1. importar y exportar directamente, con carácter
comercial;
2. realizar el comercio mayorista y minorista en
general de productos y servicios, excepto los servicios de post-venta y
garantía expresamente acordados en los contratos que amparan las operaciones de
comercio exterior;
3. distribuir y transportar mercancías en el
territorio nacional.
Estas firmas para
realizar actividades comerciales están obligadas a acudir a un grupo de
empresas perteneciente al Ministerio del Comercio Exterior que tienen como
encargo estatal, servir de intermediación entre las empresas cubanas y las
firmas extranjeras. Esto provoca, entre otras cosas, que las importaciones a
las empresas nacionales se les encarezca de un 10% a un 15% de su valor de
compra y tardan de 8 meses a 1 año para cumplir con lo contratado. Quienes
pagan realmente esos costos son los ciudadanos que compramos a precios
exorbitantes esos productos en el mercado. También se ha convertido en un
cliché, escuchar a funcionarios en reiteradas ocasiones, justificar los
incumplimientos por no recibir los recursos necesarios a tiempo.
Este decreto ley
provoca que las 600 firmas extranjeras utilicen una ínfima parte de los casi
dos mil millones de dólares del capital de trabajo con que cuentan en su
conjunto, pues solo contratan el monto que el estado sea capaz de comprar en un
plazo de 360 días.. Se estima que al cierre de septiembre 2014 las firmas
extranjeras radicadas en Cuba han utilizado menos del 50 % de su capital de
trabajo. La mayor parte de este solo para realizar contratos de
reaprovisionamiento.
Aquí existe una gran
contradicción: ¿Para qué convocar al capital extranjero si no los vas a dejar
operar? Si el objetivo de la ley de inversión extranjera es fomentar la
inversión en Cuba. ¿Tales mecanismos burocráticos, incentivarán a las empresas
extranjeras a participar en Cuba? Si se cuenta con una fuerza de más de
600 firmas en Cuba dispuestas a invertir en todas las áreas de la economía ¿Por
qué desperdiciar miles de millones de dólares?
No hay que ser un experto
en temas económicos para percatarse que tales regulaciones frenan el desarrollo
de la economía. Si el objetivo de dicha regulación es evitar la corrupción a
través de un mayor control, el resultado final es que no se ha logrado frenarla y sí se ha entorpecido el
desarrollo económico. No se puede combatir la corrupción frenando el
desarrollo.
Los previsiones de
crecimiento para el 2014 son pesimistas. La dirección del país está consciente
que sin el capital extranjero no se podrá impulsar el dinamismo que requiere la
economía. Los mecanismo de regulación y control son necesarios pero hay que
percatarse cuando estos comienzan a entorpecer el desarrollo.
Tomado de: La Joven Cuba
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